A pesar de que dicha ley, de 2014, debía disponer del correspondiente reglamento, como máximo, dos años después, es decir, en octubre de 2016, a fecha de hoy todavía no hay previsión de aprobación. El decreto es clave para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, ya que por primera vez contemplaba medidas de accesibilidad a la comunicación y cognitivas. Además, la accesibilidad en bienes, productos y servicios es un requisito imprescindible para el ejercicio de cualquier otro derecho: educación, salud, empleo, cultura...

 

Por otra parte, para garantizar la perspectiva de la discapacidad en todas las políticas del Govern, y con voluntad de colaborar en la construcción de unas políticas sociales más inclusivas, el comité solicitó reanudar las reuniones del Consejo de la Discapacidad de Cataluña (Codiscat); un órgano pensado para asesorar al Govern en aquellas cuestiones que afectan directamente a más de 550.000 personas, con una consulta previa antes de impulsar cualquier medida gubernamental.

 

En el campo de la inserción laboral de las personas con discapacidad, el comité pidió que se dote con más recursos los programas para la inserción en la empresa ordinaria y que se garantice la continuidad de estos servicios de inserción. Asimismo, y en relación con los centros especiales de empleo, pidió el cumplimiento de la moción 131/XI aprobada en el Parlament de Cataluña, que instaba al Govern a garantizar el 50 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a todos los trabajadores con discapacidad de los mismos, y el 75 por ciento del SMI para el colectivo con especiales dificultades, entre otras cuestiones.

 

Por otra parte, se puso de relieve la necesidad de adaptar la legislación vigente a los principios y mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, diez años después de su entrada en vigor.

 

Finalmente, en la reunión se instó a avanzar en la regulación del concierto social y ocupacional, ya que el actual modelo de prestación de servicios al colectivo depende principalmente de las propias entidades. Por ello, hay que dar estabilidad a estos servicios y adecuarlos a las nuevas necesidades y realidades, revisando la cartera de servicios sociales, aumentando el número de plazas diurnas y residenciales y ganando en flexibilidad.